Al ampliar las posibilidades de lo que puede ser registrado como una marca, no solo se reconoce la evolución del mercado, sino que también se envía un mensaje claro de que Panamá está preparado para proteger la innovación y la creatividad en todas sus formas.

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Article 37 of Law 61 of 2012 marked a milestone in Panamanian trademark legislation. By expanding the possibilities of what can be registered as a trademark, it not only acknowledges the evolution of the market but also sends a clear message that Panama is ready to protect innovation and creativity in all its forms.

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Trademark registration in Panama represents a strategic investment for any company looking to establish and protect its identity in Latin America. With a growing economy and a favorable business environment, Panama offers a solid platform to expand your brand and ensure its success in the region.

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El registro de marcas en Panamá representa una inversión estratégica para cualquier empresa que busca establecerse y proteger su identidad en América Latina. Con una economía en crecimiento y un entorno favorable para los negocios, Panamá ofrece una plataforma sólida para expandir tu marca y asegurar su éxito en la región.

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Las cuotas de gastos comunes son una obligación compartida entre todos los propietarios, destinadas a la administración, conservación, reparación, seguros, mantenimiento, operación, y un fondo para imprevistos de la propiedad. La ley es explícita en que no se puede disponer de estos fondos de manera arbitraria, ya que pertenecen a todos los propietarios, y cualquier descuento podría perjudicar los intereses colectivos. La intención de alguien de pagar a cambio de un descuento es comprensible desde la perspectiva del deudor, pero la Junta Directiva no tiene la potestad legal para otorgar tales beneficios.

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En estos tiempos, después de vivir una crisis sanitaria por la pandemia generada por el COVID-19 es natural la pregunta en cuanto a la información que se debe compartir con los vecinos, copropietarios o demás personas en cuanto a si existen casos positivos de la enfermedad y la identidad de quienes tengan un diagnóstico positivo.

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La principal misión de un administrador de propiedad horizontal es asegurar la paz, la buena convivencia y el correcto funcionamiento de la comunidad. Más allá de sus funciones administrativas establecidas por la Ley 284 de 2022, el administrador debe guiar a la Junta Directiva y velar por que todos los propietarios disfruten de una buena calidad de vida en un ambiente armonioso. Esto implica resolver disputas, asegurar el cumplimiento de normas y fomentar un ambiente en el que todos los vecinos se sientan cómodos y seguros en sus hogares.

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La cuota de gastos comunes se paga desde el momento en que se obtiene el permiso de ocupación de la propiedad horizontal, conforme al artículo 27 de la Ley de Propiedad Horizontal. Esta cuota corresponde al promotor y/o propietario inicial hasta que la unidad inmobiliaria sea vendida y registrada en el Registro Público o entregada al nuevo propietario. La ley no reconoce categorías de permisos de ocupación como "permiso de ocupación de obra gris" o "permiso de ocupación temporal". La emisión de un permiso de ocupación por parte de la autoridad certifica que la propiedad es apta para ser ocupada según su destino y uso declarado, sin distinciones adicionales. Por tanto, la obligación de pagar las cuotas de gastos comunes comienza con la expedición del permiso de ocupación, sin importar cualquier categoría irregular que algunos promotores puedan intentar emplear.

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Contribuir con estas cuotas es una obligación esencial para todos los propietarios, ya que garantiza que las áreas comunes y los servicios esenciales estén bien mantenidos, lo cual a su vez preserva y mejora el valor de las propiedades. Ignorar esta obligación puede llevar a un deterioro de la infraestructura y servicios, afectando negativamente a todos los residentes.

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La Ley de 284 de Propiedad Horizontal establece una clara prohibición a los miembros de la Junta Directiva sobre tomar decisiones que afecten a su unidad inmobiliaria o representen un conflicto de intereses en votaciones o decisiones dentro de su rol como propietario y dignatario de la Junta Directiva.

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La Ley 284 de 14 de febrero de 2022, que regula la propiedad horizontal en Panamá, contiene disposiciones sobre cómo deben fijarse y modificarse las cuotas de gastos comunes. Sin embargo, parece haber una aparente contradicción entre los artículos 26 y 35, lo que podría generar confusión al intentar interpretar y aplicar estas normas.

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La acumulación de deudas por gastos comunes crea agujeros en el presupuesto comunitario. Esto puede llevar a la falta de fondos para el mantenimiento y la reparación de áreas comunes, la seguridad, la limpieza, y otros servicios esenciales. El cobro judicial asegura que los fondos necesarios para estas tareas sean recuperados de manera efectiva.

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