La legislación panameña, consciente de esta problemática, ha establecido mecanismos legales para proteger a los compradores frente a estos defectos. La Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que establece normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, aborda esta situación.

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Nuestra legislación ha contemplado el derecho de un reclamo para daños, que no se pueden ver o descubrir a simple vista, pero que amenaza la inversión realizada.

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