La legislación panameña, consciente de esta problemática, ha establecido mecanismos legales para proteger a los compradores frente a estos defectos. La Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que establece normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia, aborda esta situación.

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El numeral 9 del artículo 52 de la Ley 284 de 2022 juega un papel crucial en la protección de los derechos de los propietarios dentro del régimen de propiedad horizontal. Al exigir que la sociedad promotora se mantenga vigente hasta el vencimiento de la garantía legal y que tenga su domicilio en Panamá, se crea un marco de seguridad jurídica que beneficia tanto a los compradores como al desarrollo ordenado de los proyectos inmobiliarios.

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